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¿Qué es un contrato de fianza?

Es el contrato por el que una persona o empresa, el fiador (o avalista), se obliga a pagar o cumplir por un tercero, el deudor, si este no lo hace (art. 1822 del Código Civil). Es una garantía personal: el fiador responde con todo su patrimonio, no con un bien concreto.

Puede ser subsidiaria (el acreedor debe intentar cobrar antes al deudor) o solidaria (puede reclamar directamente al fiador). En la práctica, los acreedores suelen exigir la solidaria.

¿Qué debe incluir?

• Los datos del acreedor, del fiador y del deudor.
• La obligación garantizada y el contrato del que nace.
• El importe máximo y qué cubre (principal, intereses, costas).
• Si es solidaria o subsidiaria, con la renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división si procede.
• La duración de la fianza.
• Si es gratuita o remunerada.

¿Quién puede ser fiador?

Cualquier persona con capacidad para obligarse y bienes suficientes (arts. 1828 y 1829 del Código Civil). Si es una sociedad, debe firmar quien tenga poder para prestar garantías. Si el fiador es un particular y el acreedor una empresa, se aplica el control de transparencia y de cláusulas abusivas de la normativa de consumidores.

¿Hace falta notario?

No es obligatorio: la fianza vale firmada en documento privado (la mercantil debe constar por escrito, art. 440 del Código de Comercio). Pero si se formaliza en escritura pública o póliza notarial, el acreedor dispone de un título ejecutivo y puede reclamar al fiador directamente por la vía de ejecución (art. 517 LEC).

¿Cuándo se extingue?

• Cuando se extingue la deuda garantizada (art. 1847).
• Al llegar la fecha final pactada.
• Si el acreedor concede al deudor una prórroga sin consentimiento del fiador (art. 1851).
• Si, por culpa del acreedor, el fiador no puede subrogarse en sus derechos (art. 1852).

Derecho aplicable

Código Civil (arts. 1822 a 1856), Código de Comercio (arts. 439 a 442) para la fianza mercantil, Ley de Arrendamientos Urbanos (art. 36.5) en los alquileres de vivienda, normativa de consumidores y Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 517).

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