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¿Qué es la demanda de restitución por sustracción internacional de menores?

Es la demanda con la que un progenitor (u otra persona o institución con la custodia) pide al tribunal español que ordene el regreso inmediato de un menor de 16 años que ha sido trasladado a España, o retenido en España, sin su consentimiento y con infracción de su derecho de custodia.

Su objetivo no es decidir con quién debe vivir el menor, sino devolverlo al país de su residencia habitual para que sean los tribunales de ese país quienes resuelvan sobre la custodia (arts. 16 y 19 del Convenio de La Haya de 1980).

¿Cuándo es ilícito el traslado o la retención?

• Cuando infringe un derecho de custodia (incluido el de decidir el lugar de residencia del menor, que forma parte de la patria potestad compartida) atribuido por la ley, una resolución judicial o un acuerdo del Estado de residencia habitual; y
• ese derecho se ejercía de forma efectiva o se habría ejercido de no haberse producido el traslado (art. 3 del Convenio).

Es retención ilícita, por ejemplo, la del progenitor que viaja con el menor de vacaciones con permiso del otro y no lo devuelve en la fecha acordada.

¿Quién puede presentarla y con qué profesionales?

Puede presentarla quien tenga la guarda y custodia o un régimen de estancia o visitas, la Autoridad Central española o la persona que esta designe (art. 778 quater.3 LEC). Son obligatorios abogado y procurador.

También puede presentarse la solicitud, de forma gratuita, ante la Autoridad Central del país de residencia habitual o ante la española, que la tramitará y, en su caso, encargará la defensa a la Abogacía del Estado.

No se exige el intento previo de negociación de la Ley Orgánica 1/2025, aunque la mediación es posible en cualquier momento del proceso.

¿Cuáles son los plazos?

• Conviene presentar la demanda cuanto antes: si pasa más de un año desde el traslado o la retención, el regreso puede denegarse si el menor se ha integrado en su nuevo medio (art. 12 del Convenio).
• El procedimiento es urgente y preferente y debe resolverse en seis semanas desde la demanda.
• Admitida la demanda en 24 horas, se requiere a quien retiene al menor para que comparezca en tres días; si se opone, hay vista en cinco días y sentencia en tres días.
• Contra la sentencia solo cabe apelación, de tramitación preferente.

¿Cuándo puede denegarse el regreso?

Solo en los casos tasados del Convenio, que se interpretan de forma restrictiva: que el demandante no ejerciera la custodia o hubiera consentido o aceptado el traslado; que exista un grave riesgo físico o psíquico para el menor o una situación intolerable; que el propio menor se oponga con edad y madurez suficientes (art. 13); que haya pasado más de un año y el menor esté integrado (art. 12); o que el regreso vulnere los principios fundamentales de protección de los derechos humanos (art. 20).

Entre Estados de la UE, el Reglamento (UE) 2019/1111 refuerza la restitución: no puede denegarse por grave riesgo si se han previsto medidas adecuadas para proteger al menor tras su regreso (art. 27.3).

¿Qué documentos hay que adjuntar?

• Poder para pleitos a favor del procurador (notarial o apud acta).
• Certificado de nacimiento de los menores y, si es posible, fotografías recientes.
• Documentos que acrediten el derecho de custodia (resolución judicial, convenio, o certificado o informe sobre la ley del país de residencia habitual).
• Prueba de la residencia habitual (empadronamiento, escolarización, informes médicos).
• Prueba del traslado o la retención (mensajes, billetes, autorizaciones de viaje, denuncias).
• Datos de localización del menor en España.
• Traducción de los documentos redactados en otro idioma.

Derecho aplicable

• Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
• Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo (Bruselas II ter), aplicable desde el 1 de agosto de 2022 entre los Estados de la UE salvo Dinamarca.
• Ley de Enjuiciamiento Civil, arts. 778 quater a 778 sexies.
• Código Civil, arts. 154, 156 y 158.
• Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

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