Resoluciones comentadas por jurisdicción, con su referencia completa. Elige la materia:
Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala 3.ª) del Tribunal Supremo que fijan doctrina en casación sobre procedimiento administrativo, potestades de inspección, contratación, extranjería y reparto de competencias.
Cada ficha resume el asunto, la respuesta del Tribunal y su utilidad práctica. Al final se conserva el archivo de resoluciones comentadas en años anteriores.
Últimas resoluciones
Actualizado en octubre de 2026
STS 846/2026, de 2 de julio (rec. 1513/2023) · ECLI:ES:TS:2026:3026
Reversión de un servicio público sanitario: cuándo debe valorarse la estabilidad presupuestaria
De qué trata: la concesionaria de un departamento de salud impugnó la decisión autonómica de no prorrogar la concesión y asumir la gestión directa, alegando que no se había hecho la valoración previa del art. 7.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Qué decide: esa valoración es necesaria, pero basta con que se haga antes de la extinción del contrato (no necesariamente antes de comunicar la no prórroga) y puede realizarse en el marco de la ley autonómica de presupuestos, si contiene motivación suficiente. Desestima el recurso.
Por qué importa: da seguridad jurídica a los procesos de «reinternalización» de servicios públicos.
Ver la resolución ↗STS 814/2026, de 29 de junio (rec. 3795/2025) · ECLI:ES:TS:2026:2965
Ceuta y Melilla: no cabe el «rechazo en frontera» de quienes llegan a nado
De qué trata: si la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería (rechazo en frontera) puede aplicarse a personas interceptadas en el mar cuando intentan entrar nadando en Ceuta o Melilla.
Qué decide: no es aplicable; a esas personas debe seguírseles el procedimiento de devolución, con sus garantías. La Sala apunta que la solución podría ser distinta si existieran elementos de contención en el mar y estos se superaran.
Por qué importa: delimita el ámbito de las llamadas «devoluciones en caliente» y refuerza las garantías procedimentales en la frontera marítima.
Ver la resolución ↗STS 649/2026, de 27 de mayo (rec. 139/2025) · ECLI:ES:TS:2026:2350
Anulado el Registro Único estatal de arrendamientos de corta duración
De qué trata: recurso directo de una comunidad autónoma contra el Real Decreto 1312/2024, que creó un procedimiento estatal de registro único para alquileres turísticos y de temporada.
Qué decide: estimación parcial. El Estado carece de competencia para regular el procedimiento de registro único (la materia es vivienda y turismo, de competencia autonómica), por lo que se anulan esas disposiciones. Se mantienen la Ventanilla Única Digital, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas y la explotación estadística. Días antes, la STS 620/2026, de 19 de mayo, había resuelto en el mismo sentido el recurso de otra comunidad.
Por qué importa: los registros autonómicos recuperan el protagonismo; propietarios y gestores deben comprobar qué número exige cada plataforma según la comunidad.
Ver la resolución ↗STS 473/2026, de 20 de abril (rec. 2290/2023) · ECLI:ES:TS:2026:1745
Comunicaciones previas y declaraciones responsables no son actos administrativos
De qué trata: si un vecino puede recurrir directamente la comunicación previa con la que un particular inicia una actividad o una obra (art. 69 de la Ley 39/2015).
Qué decide: no expresan voluntad de la Administración, no abren un procedimiento con deber de resolver y no son recurribles ni en vía administrativa ni judicial. Lo impugnable son los actos de comprobación, control e inspección posteriores o la inactividad de la Administración ante la petición de que actúe.
Por qué importa: marca la vía correcta para reaccionar frente a actividades amparadas en declaración responsable: pedir a la Administración que compruebe y recurrir su respuesta o su silencio.
Ver la resolución ↗STS 441/2026, de 14 de abril · ECLI:ES:TS:2026:1582
La Inspección de Trabajo necesita autorización judicial para entrar en un domicilio social
De qué trata: la Inspección, acompañada de la Policía Nacional, entró sin consentimiento ni autorización judicial en una nave que era a la vez domicilio social y centro de trabajo de una sociedad, aunque no examinó documentos.
Qué decide: el art. 18.2 CE protege frente a la mera «entrada», no solo frente al registro, y alcanza a las personas jurídicas. Sin consentimiento, la entrada exige autorización judicial previa, aunque el art. 13.1 de la Ley 23/2015 no lo diga. Declara la actuación vía de hecho. Solo admite excepción si hay una separación física clara entre oficinas y zona productiva y se anuncia que solo se accederá a esta.
Por qué importa: obliga a revisar la práctica de las visitas inspectoras sin previo aviso en locales que albergan la sede de la empresa.
Ver comentario de la resolución ↗STS 145/2026, de 12 de febrero (rec. 3357/2024) · ECLI:ES:TS:2026:522
Justicia gratuita: con procurador de oficio no hace falta otorgar poder
De qué trata: un juzgado unipersonal archivó un recurso porque el beneficiario de justicia gratuita no había otorgado poder notarial ni apud acta al procurador designado de oficio.
Qué decide: reafirma la doctrina de 2024: cuando el Colegio designa procurador de turno de oficio, la designación basta para acreditar la representación. Distingue el caso del abogado designado solo para la defensa, que sí necesita apoderamiento si asume la representación. Ordena continuar el proceso.
Por qué importa: evita inadmisiones formalistas que vacían el derecho a la tutela judicial efectiva de quien litiga con justicia gratuita.
Ver la resolución ↗Archivo de resoluciones comentadas
STS 1624/2020, de 27 de noviembre
Protección de datos: derecho al olvido en buscadores
De qué trata: petición de desindexar resultados de un buscador obtenidos al introducir los dos apellidos del afectado.
Qué decide: procede eliminarlos cuando la información menoscaba el honor, la intimidad o la propia imagen, carece de interés público y puede considerarse obsoleta.
Por qué importa: hoy el derecho de supresión se rige por el art. 17 del RGPD y el art. 93 de la LOPDGDD, que exigen igualmente ponderar el interés público y la actualidad de la información.
Ver la resolución ↗STS 1667/2020, de 3 de diciembre (rec. 8332/2019)
Caducidad: hace falta resolución expresa antes de reabrir un procedimiento de gravamen
De qué trata: reapertura por un ayuntamiento de un procedimiento de gravamen cuando el anterior había superado su plazo máximo.
Qué decide: no basta el transcurso del plazo; es necesaria una resolución expresa que declare la caducidad del procedimiento inicial antes de iniciar uno nuevo. Anula la resolución municipal.
Por qué importa: conecta con el art. 95 de la Ley 39/2015: la caducidad debe declararse formalmente y solo entonces puede incoarse otro procedimiento si la acción no ha prescrito.
Ver reseña de la resolución ↗STS 1815/2020, de 22 de diciembre · CENDOJ 28079130042020100356
Pensión de jubilación de funcionarios y actividad privada compatible
De qué trata: régimen de compatibilidad entre la pensión de clases pasivas y una actividad privada que el funcionario ya ejercía antes de jubilarse.
Qué decide: equipara a los empleados públicos con los trabajadores por cuenta ajena: si continúan con la actividad privada tras jubilarse, su pensión se reduce en un 50 %.
Por qué importa: la compatibilidad entre pensión y trabajo ha seguido evolucionando (jubilación activa y reformas de 2024-2025); conviene comprobar la normativa vigente en cada caso.
Ver la resolución ↗STS 1768/2020, de 17 de diciembre
Excedencia por cuidado de familiares y concursos de provisión de puestos
De qué trata: valoración en un concurso de méritos del tiempo pasado en excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
Qué decide: esa excedencia debe equipararse al servicio activo, para que ejercer el derecho de conciliación no perjudique la carrera profesional.
Por qué importa: es una aplicación directa del principio de igualdad y corresponsabilidad, hoy reforzado por la Ley Orgánica 3/2007 y la normativa posterior de conciliación.
Ver la resolución ↗STSJ Cataluña 5201/2020, de 16 de diciembre
Enseñanza: mínimo del 25 % en castellano como lengua vehicular
De qué trata: recurso contra el sistema de enseñanza en Cataluña por la ausencia de uso vehicular del castellano.
Qué decide: obliga a la Generalitat a garantizar que todo el alumnado reciba enseñanza en las dos lenguas oficiales, con un mínimo del 25 % en cada una.
Por qué importa: tras la firmeza de la sentencia, Cataluña aprobó en 2022 nuevas normas lingüísticas (Decreto-ley 6/2022 y Ley 8/2022) que el propio TSJ elevó al Tribunal Constitucional; conviene comprobar el estado actual de ese litigio.
Resúmenes orientativos elaborados por Fundamentos Jurídicos. Consulta siempre el texto íntegro de la resolución. Última revisión: octubre de 2026.