Boletín de Jurisprudencia

Derecho Civil

Contratos, consumidores y cláusulas bancarias, arrendamientos, familia, sucesiones y responsabilidad civil. Doctrina de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales.

Derecho Penal

Delitos, penas y garantías del proceso penal: prescripción, prueba, medidas cautelares y recursos. Resoluciones de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Derecho Laboral

Despidos, contratación, salarios, tiempo de trabajo y Seguridad Social. Doctrina unificada de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo.

Contencioso-administrativo

Control de la actuación de las Administraciones: reglamentos, función pública, urbanismo, sanciones y responsabilidad patrimonial. Sala 3.ª del Tribunal Supremo.

Tributario y fiscal

IRPF, IVA, plusvalía municipal, procedimientos de inspección y recaudación. Criterios de la Sala 3.ª y de los Tribunales Superiores de Justicia.

Unión Europea

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afectan a España: consumo, cuestiones prejudiciales, derechos fundamentales y cooperación judicial.

STS 1599/2026, de 9 de octubre

Dividir un mismo pleito en varias demandas puede costar las costas

De qué trata: una consumidora obtuvo la nulidad de una cláusula de su préstamo hipotecario, pero había presentado el mismo día dos demandas distintas sobre el mismo contrato, una de ellas contra intereses de demora que nunca llegaron a aplicarse.

Qué decide: el Supremo avala que no se impongan las costas al banco. Acumular las pretensiones habría dado la misma protección; fragmentarlas solo multiplicaba los pronunciamientos en costas. Aplica los arts. 394 y 398 LEC en la redacción de la LO 1/2025.

Por qué importa: no declara abusivo presentar varias demandas, pero sí penaliza la división artificiosa de un único objeto litigioso. Es una de las primeras aplicaciones de la idea de «abuso del servicio público de Justicia» introducida por la LO 1/2025.

Resolución de la Sala de lo Penal comunicada el 15 de octubre de 2026

Reabierta una causa por un atentado de ETA de 1981 que se había archivado por prescripción

De qué trata: la Audiencia Nacional había acordado el sobreseimiento libre y declarado prescrita la responsabilidad de una presunta integrante del comando que atentó en Bilbao el 19 de marzo de 1981, causando la muerte de un teniente coronel.

Qué decide: estima los recursos de casación de la Fiscalía y de la familia de la víctima, rechaza la prescripción y ordena que la causa continúe. La clave era si un auto de reapertura del sumario interrumpió la prescripción respecto de una persona no nombrada en su parte dispositiva. Dos de los cinco magistrados formularon voto particular.

Por qué importa: fija criterio sobre el contenido material que debe tener una resolución judicial para interrumpir la prescripción. Aclara además que no revive las medidas cautelares anuladas por la STC 148/2024.

STS de la Sala de lo Contencioso-administrativo · ECLI:ES:TS:2026:4068

Anulado el Real Decreto 905/2025 de universidades por una urgencia mal justificada

De qué trata: la Comunidad Autónoma de las Illes Balears recurrió el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que se había tramitado por la vía de urgencia, sin consulta pública previa.

Qué decide: anula el reglamento. El acuerdo de tramitación urgente no estaba debidamente justificado y, sin esa cobertura, la omisión de la consulta previa carecía de base legal.

Por qué importa: recuerda que los trámites de participación en la elaboración de reglamentos (Ley 50/1997, del Gobierno) no son meras formalidades: si se omiten sin una urgencia real y motivada, el reglamento entero puede caer.

Sentencias de 16 de julio de 2026, asuntos C-523/24 (Sociedad Civil Catalana) y C-666/24 (ACVOT)

El Derecho de la Unión no se opone a la Ley de amnistía

De qué trata: el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional preguntaron si la LO 1/2024, de amnistía, era compatible con la protección de los intereses financieros de la Unión, la tutela judicial efectiva y la Directiva de lucha contra el terrorismo.

Qué decide: la amnistía es competencia de los Estados y el Derecho de la Unión no se opone a ella. Los gastos del proceso independentista no afectan por sí solos a los intereses financieros de la UE; y la exclusión de las violaciones graves e intencionadas de derechos humanos preserva la eficacia de la Directiva antiterrorista. El plazo de dos meses de la ley no puede privar de efecto útil a una cuestión prejudicial pendiente.

Por qué importa: ha condicionado la aplicación de la amnistía por los tribunales españoles. En octubre de 2026, tras la doctrina del Tribunal Constitucional, el Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad penal de varios condenados del «procés».

1. El Tribunal Supremo

Solo el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia en sentido estricto. Para que su criterio sea jurisprudencia hace falta reiteración: al menos dos sentencias que resuelvan cuestiones semejantes con la misma interpretación. Esa doctrina se mantiene mientras el propio Tribunal no la modifique.

Su fuerza práctica es grande: la infracción de la jurisprudencia es motivo de casación, y apartarse sin motivo de un criterio aplicado a casos idénticos puede vulnerar el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).

2. El Tribunal Constitucional

Tradicionalmente no se incluye en el concepto de jurisprudencia del Código Civil, pero su posición es singular: el art. 1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, lo configura como intérprete supremo de la Constitución.

Por eso los jueces y tribunales deben interpretar y aplicar las leyes según la interpretación que de los preceptos constitucionales resulte de sus resoluciones (art. 5.1 LOPJ).

3. Ideas clave

En sentido amplio, se llama también jurisprudencia a la doctrina de cualquier tribunal al interpretar y aplicar la ley; en sentido estricto, solo a la del Supremo.

Los tribunales complementan el ordenamiento, pero no dictan normas generales. La doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia es especialmente relevante en derecho autonómico, y la del TJUE vincula en la interpretación del Derecho de la Unión.

El CENDOJ (Centro de Documentación Judicial del CGPJ) recopila y difunde la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del resto de tribunales españoles.